Simbolismos Vs Reivindicación.

Simbolismos Vs Reivindicación.

Ronald Valdes Padilla

El día de la afrocolombianidad ideado por los autores de la Ley 725  (2001)  “en homenaje a los Ciento Cincuenta (150) años de abolición de la esclavitud en Colombia consagrada en la Ley 21 de mayo 21 de 1851…), ha sido usado hábilmente por gobiernos de turno y la elite dominante para imponer el simbolismo y neutralizar la reivindicación de derechos económicos, políticos, culturales y territoriales que a diario invocan nuestras comunidades en condiciones y situaciones de riesgo que ponen a dudar sobre la existencia  del Estado Social de Derecho.

Las fuerza reaccionarias que entre 1998 y 2010 gobernaron, impusieron una contra reforma constitucional que transformo en mera prosa gran parte de las garantías y derechos colectivos que el constituyente del 91 consagro en la Constitución en favor de los grupos tradicionalmente discriminados y excluidos. Esa línea política detuvo el desarrollo legislativo que desde los gobiernos de Gaviria y Samper venia promoviendo el Estado en salvaguarda de las comunidades negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras encubando el escenario de pobreza, marginalidad, exclusión y afectación colectiva que reina en la actualidad.

A lo anterior, se suma la persecución, hostigamiento, amenazas y asesinatos del último tiempo pone en peligro el ejercicio de la representación y la defensa del territorio colectivo, ancestral y/o tradicional como columna vertebral de la existencia, conservación, usos, valores, costumbres, prácticas tradicionales, gobierno propio e integración colectiva de las comunidades negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras, situación que tiende a agravarse con la visión criminalística que exhiben algunos personeros del actual gobierno para afrontar los conflictos sociales.

El conflicto armado avivo el desplazamiento y despojo de gran parte de la tierra ocupada ancestralmente, las masacres, las desapariciones forzadas y la destrucción de la identidad de pueblos enteros, por ello el acuerdo de paz con las FARC- que para algunos se reduce a la JEP- constituye para nuestra gente la opción de verdad, reparación, rescate del territorio, la efectividad de la objeción cultural, la prevalencia de la consulta previa en la adopción de medidas susceptibles de afectación directa y la garantía de NO repetición de la vulneración de derechos.

Hoy más que ayer demandamos:

ü  Reglamentación total de la Ley 70 de 1993.

ü  Reforma Rural Integral con enfoque étnico.

ü  Titulación, formalización, saneamiento y dotación de tierras.

ü  Reparación individual y colectiva.

ü  Garantías para el ejercicio de la representación.

ü  Cumplimiento del Acuerdo de Paz.

ü  Respeto al carácter principal y no subsidiario del derecho a la consulta previa.

ü  Cumplimiento de los puntos acordados en la consulta del Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022.

Es necesario que el Estado cumpla su finalidad constitucional: “…servir a la comunidad, promover la prosperidad general y garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados en la Constitución; facilitar la participación de todos en las decisiones que los afectan y en la vida económica, política, administrativa y cultural de la Nación…” para iniciar el proceso de reparación que el liberalismo del 48 le quedo debiendo a los esclavizados con la entrada en vigencia de la simbólica Ley 21 de mayo 21 de 1851.

La defensa de nuestras comunidades No tiene día, tiene lucha e historia.